El segundo estudio encargado por la Amep se ha centrado en radiografiar el mapa catalán de las redes de distribución eléctrica. Así, Jordi Bigues, periodista y activista ambiental fundador de Greenpeace Internacional, ha elaborado un documento que hace visible una realidad que, a pesar ser aún minoritaria, presenta alternativas al oligopolio de Endesa e iberdrola: en Catalunya hay hasta 30 empresas que operan en 133 municipios, casi un 14% del total. Además, siete de estos municipios son capitales de comarca: Banyoles, Granollers, Olot, Ripoll, la Seu d’Urgell, Solsona y un polígono en Lleida.
Estos ejemplos se desgranan en 17 empresas del sector privado, arraigadas en el territorio, muchas de ellas centenarias, con una larga experiencia de servicio público. Las comercializadoras asociadas a estas distribuidoras tienen 123.964 abonados en total. A estos datos, se añaden las del sector cooperativo que recoge iniciativas como Som Energía (120.979 abonados) y la Cooperativa Popular de Camprodon (83.800 cooperativistas) y los 12 municipios donde es una empresa municipal quien se encarga de la distribución eléctrica (20.000 habitantes en conjunto).
De este modo, tal como describió Jordi Bigues en la presentación del estudio durante la 5.ª AGO de la Amep celebrada en Lleida el 29 de marzo de 2023, “este sector es una pequeña parte del conjunto, pero es un brote verde de la nueva cultura de la energía, con una dilatada experiencia que tan solo hay que extender”. En este sentido, Bigues iba más allá: “estamos ante una realidad valiosa que nos permite afirmar que la distribución pública no es una idea absurda, sino que tiene fundamentos, porque muchos pueblos de Cataluña han encendido la luz hoy gracias a la energía pública”.
Es por todo esto que el retrato de este pequeño sector público, cooperativo y de empresas centenarias arraigadas en el territorio que, además, cuenta con el apoyo de muchas entidades ciudadanas, tiene que ser referente a la hora de acelerar la transición energética de la mano de la democratización y la participación ciudadana. Así, podremos intervenir en la gestión y andar hacia la soberanía energética y la adaptación a la emergencia climática.
Una nueva cultura energética donde la distribución tenga un papel relevante
En el estudio, Bigues también incluye referencias contextuales e históricas sobre los derechos y los deberes energéticos. En primer lugar, apunta que la distribución no ha ocupado un lugar relevante en las reflexiones sobre la transición energética hasta hace muy poco, de forma que es actualmente el momento en que no solo se abre el camino de la gestión pública para incidir en beneficio de las personas y del planeta por encima de los rendimientos empresariales, sino que también se hace necesario promover una cultura ciudadana de conocimiento sobre el modelo actual. Es solo así como se podrán abordar las modificaciones para acontecer más sostenible, democrático y participado, en aspectos como la producción, la distribución, los modelos centralizados o descentralizados y la inclusión del carácter bidireccional de la generación.
En segundo lugar, para Bigues esta nueva cultura ciudadana también tiene que ser clave para revisar aspectos relacionados con otros derechos vinculados a los derechos y deberes energéticos. En este sentido, principalmente se refiere al derecho a la vivienda, no como derecho al alquiler o la propiedad, sino con relación a la seguridad residencial. Tal como apunta Bigues, los suministros de electricidad, de gas y de agua, pasaron a ser un servicio público y no un producto comercial más hace un siglo. Esto, en un contexto donde crece la precariedad energética, pone de manifiesto que muchas viviendas no cumplen unas condiciones mínimas y que la transición energética tiene que ir de la mano de lograr viviendas dignas.
