La Asociación de Municipios por la Energía Pública (Amep), que participa activamente en la Alianza por el Autoconsumo y de su mano, han presentado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para actualizar la regulación del autoconsumo en el Estado español. La iniciativa, registrada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos, pretende eliminar obstáculos burocráticos y acelerar la transición energética mediante medidas concretas para un acceso universal y democrático a la energía limpia.
Contexto y urgencia
Pese a la eliminación del «impuesto al sol» en 2018, el desarrollo del autoconsumo -especialmente el colectivo- sigue estancado. Sólo 1% de las 529.500 instalaciones registradas por la CNMC (abril 2024) corresponden a esta modalidad, una cifra insuficiente para un país en el que el 70% de la población vive en edificios residenciales. La normativa actual requiere adaptarse a los retos actuales: agilizar trámites, garantizar equidad y simplificar el acceso a las comunidades energéticas.
Las 12 propuestas concretas de la PNL
- Incorporar la figura del gestor del autoconsumo en la regulación (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y Real Decreto 244/2019) y permitir la activación y gestión de contratos de forma unilateral por parte de cada asociado con la distribuidora eléctrica (tanto para la baja, modificaciones o el alta de un consumidor asociado).
- Establecer la posibilidad de compartir sólo los excedentes de autoconsumo (en lugar de toda la generación).
- Definir procedimientos en la tarifa para facilitar la donación y/o compartición de excedentes, y destinar estos excedentes a consumidores vulnerables.
- Permitir que los contratos de autoconsumo colectivo se puedan modificar mensualmente en lugar de cada 4 meses.
- Conceder automáticamente el acceso —si ya se dispone de los permisos según la normativa— cuando la potencia instalada sea igual o inferior a los derechos de extensión adquiridos, salvo que la distribuidora acredite riesgo técnico. Se establece un plazo de respuesta fijado y silencio positivo.
- Utilizar el límite de acceso a la compensación simplificada en función de la capacidad de acceso (no de la potencia instalada) y aumentar el umbral de 100 kW a 450 kW de capacidad de acceso para acogerse al mecanismo de compensación simplificada de excedentes.
- Ampliar la exención de solicitar el permiso de Acceso y Conexión a todas las instalaciones que inyecten menos de 15 kW a la red.
- Establecer un procedimiento estandarizado para el acceso y conexión en todo el territorio estatal, y ofrecer información transparente sobre los centros de transformación a los que está adscrito cada punto de consumo.
- Aumentar el límite de distancia entre generación y consumo para cualquier tecnología y modalidad de autoconsumo, y transitar hacia un modelo de pago de peajes en función de la distancia, garantizando coste cero de peajes para autoconsumos de menos de 2 km.
- Introducir coeficientes dinámicos de reparto para el autoconsumo colectivo (ex post, posterior al consumo de energía), en sustitución de los actuales coeficientes estáticos ex ante (anteriores al consumo).
- Regular el almacenamiento distribuido (recurso local de flexibilidad) para que no esté asociado a una instalación de autoconsumo (generación) como autoconsumo en modalidad individual o colectiva.
- Transitar del modelo actual de ayudas y/o subvenciones a uno de deducciones fiscales, para ganar eficacia y eficiencia, y facilitar el proceso a la ciudadanía. Se deben estudiar opciones como bonificaciones en el IRPF o en el impuesto de sociedades, o una reducción del IVA para instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con propietarios consumidores finales.
Apoyo político y social
El texto, fruto de meses de trabajo con entidades ecologistas, sindicatos, cooperativas y la Amep, refleja un amplio consenso social. Durante una jornada en el Congreso el pasado mes de febrero, portavoces de PP, PSOE, Sumar y ERC coincidieron en la necesidad de actualizar la normativa.
La propuesta será debatida en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. La Alianza confía en un apoyo unánime por parte de los grupos parlamentarios, en línea con los compromisos europeos de descarbonización y justicia social.
